Menú

¿Cómo es el proceso de la expropiación forzosa?

El proceso de expropiación forzosa en España se rige por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. El procedimiento consta de varias fases que deben ser cumplidas por la Administración Pública para poder llevar a cabo la expropiación forzosa. A continuación, se detallan las principales fases del proceso:

  1. Declaración de utilidad pública o interés social: la expropiación forzosa solo puede llevarse a cabo en casos de utilidad pública o interés social debidamente declarados por la administración competente.
  2. Inicio del expediente expropiatorio: una vez declarada la utilidad pública o interés social, se inicia el expediente expropiatorio mediante la notificación al propietario afectado.
  3. Valoración del bien expropiado: se procede a la valoración del bien expropiado mediante la elaboración de un informe de valoración por parte de la administración competente.
  4. Oferta de indemnización: tras la valoración del bien expropiado, la administración realiza una oferta de indemnización al propietario afectado.
  5. Aceptación o rechazo de la oferta: el propietario afectado tiene un plazo de 15 días para aceptar o rechazar la oferta de indemnización. Si se acepta, se procede al pago de la misma. Descubre cómo se paga la indemnización por expropiación. Si se rechaza, se inicia un proceso de negociación entre las partes.
  6. Resolución de la expropiación: si no se llega a un acuerdo entre las partes, la administración emite una resolución de expropiación que debe ser notificada al propietario afectado.
  7. Recurso de reposición: el propietario afectado tiene un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición contra la resolución de expropiación.
  8. Recurso contencioso-administrativo: si el propietario afectado no está conforme con la resolución de expropiación, puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente.

Es importante destacar que en todo momento se deben respetar los derechos fundamentales y las garantías jurídicas de los ciudadanos durante el proceso de expropiación forzosa. Además, los propietarios afectados tienen derecho a una indemnización justa y a un procedimiento justo.